En 1975, Jorge B. y su esposa compraron una pequeña granja en un condado rural del norte de California por $70,000.00. Junto a esta transacción adquirieron una póliza de seguro de título para propietarios.

La única vía de acceso hacia y desde la propiedad del asegurado era un viejo camino de terracería que atravesaba una parcela de terreno contiguo y conectaba con una autopista estatal. La búsqueda de antecedentes de título que se realizó cuando los asegurados adquirieron la propiedad mostró que no había una concesión de servidumbre registrada ni algún otro documento del registro público que les otorgara el derecho de usar ese camino. El camino había sido usado por muchos años y la mayoría de las personas en el área cercana siempre habían reconocido el viejo camino de terracería como un acceso al terreno vecino. La póliza de seguro de título adquirida contenía las provisiones ahora estandarizadas asegurando contra la pérdida causada por la carencia de un derecho de acceso a la propiedad y desde ella.

En 1990, la parcela vecina fue adquirida por una Compañía de Inversión Foránea, una compañía que comenzó a implementar planes para construir un fraccionamiento residencial de 200 a 300 casas. Cuando la compañía determinó que el camino de terracería usado por los asegurados pasaba justo por el medio de uno de sus fraccionamientos propuestos, la Compañía Foránea contrató a una gran firma de abogados externa a la comunidad para llevar a juicio a los asegurados y evitar que continuaran usando el camino.

Cuando los asegurados recibieron el aviso de la demanda, pasaban por un mal momento financiero. Estaban en proceso de vender su granja para poder finalizar su divorcio pendiente. Necesitaban establecer un derecho de acceso para poder vender la granja, pero no podían cubrir el costo abrumador de litigar una acción de tanta importancia para determinar la validez de su título contra una compañía poderosa representada por una firma de abogados conocida por emplear táFNTICas arrasadoras. Aun si hubieran tenido la capacidad económica para contratar a un abogado, los asegurados no tenían la experiencia o información que les hubiera permitido localizar a un abogado con el conocimiento especializado que se requiere para litigar efectivamente los complejos asuntos de escrituración que presentaba la demanda.

Cuando los asegurados informaron al asegurador de título de la demanda entablada por la Compañía Foránea, el asegurador contrató para representarlos a un abogado de bienes raíces experimentado y altamente competente. Aprovechando su experiencia en títulos de propiedad y sus recursos especializados, la compañía de seguros investigó el historial de la propiedad de los asegurados y las propiedades vecinas hasta mediados del siglo XIX. Empleando mapas y registros antiguos pudo probar de forma concluyente que el camino usado por los asegurados había sido un camino para vagones muy transitado a finales del siglo XIX y que fue establecida como un camino del condado en una ley estatal desconocida que había sido revocada en la década de 1890. Con base en esta información, los asegurados pudieron obtener una sentencia sumaria que determinaba de manera concluyente que el camino era un camino del condado y que, por lo tanto, los asegurados tenían derecho legal a usarlo para trasladarse hacia y desde su propiedad.

Usando con éxito el procedimiento de sentencia sumaria, el asegurador pudo evitar un largo proceso de presentación de alegatos, eliminó la necesidad de un juicio y resolvió una demanda --que pudiera haber tomado años--en menos de seis meses desde el momento que tomó el caso. Los asegurados pudieron vender su granja, concluir su divorcio y continuar con sus vidas. La Compañía Foránea, que se había negado a conceder a los asegurados un derecho de paso privado sobre su propiedad, tuvo que modificar sus planos para incorporar el camino público como parte de su propuesta de fraccionamiento.